Trabajo Practico N°09/2020 - 5° "A" T.M. y 5° "B" T.T.

Escuela Secundaria Dr. Leandro N. Além Espacio curricular: Historia Curso: 5° "A" T.M. y "B" T.T. Prof: López Julio César

TEMA: La Década Infame (1930-43)

Actividades:

A)- Observen el video: (https://www.youtube.com/watch?v=QmxSYERgVUw&feature=youtu.be) "Década Infame: Argentina el Granero del Mundo?" del canal encuentro y luego responde: 1)- ¿Quién la llamó "Década Infame" y por qué?

B)- Lean el texto "La Década Infame" y luego Elaboren un esquema general que contenga las principales características de los gobiernos de: Uriburu. Justo. Ortiz. Castillo.

C)- Lee el texto "Los Negociados de la Década Infame" de Felipe Pigna y luego realiza las siguientes actividades: 1)- ¿ Qué característica tuvo la década infame? 2)-¿Qué hizo el estado Argentino en lo económico durante la profunda crisis social que existía en la Argentina? 3)- En qué consistió la denuncia realizada en el Congreso de la Nación en 1935 por Lisandro De La Torre?

Década Infame

Se conoce como Década Infame al período de la historia de la Argentina que comienza el 6 de septiembre de 1930 con el golpe de estado cívico-militar que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen y finaliza el 4 de junio de 1943 con el golpe de estado militar que derrocó al presidente Ramón Castillo.

El nombre le fue dado por el periodista nacionalista José Luis Torres, ​ en tanto que también fue caratulado como "restauración neoconservadora", período de "restauración política” o "restauración conservadora”, ​ "república conservadora” ​ y algunos historiadores titulan sus libros sobre el período como "La República imposible" (1930-1945) ​ o "Crisis económica, avance del Estado e incertidumbre política (1930-1943)”.

En esta coyuntura, Argentina negoció el pacto Roca-Runciman con el Reino Unido, que garantizó las exportaciones de carne, a cambio de importantes concesiones económicas de parte de la Argentina, entre las que se destacó la concesión de todos los medios de transporte público de la ciudad de Buenos Aires a una empresa mixta denominada Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, el aislacionismo comercial de las grandes potencias contribuyó finalmente a iniciar el desarrollo industrial vía la sustitución de importaciones. La política económica se volvió estatista y se creó el Banco Central de la República Argentina, junto a gran cantidad de organismos estatales reguladores (Junta Nacional de Granos, Junta Nacional de Carnes, etc.) y empresas públicas (Fabricaciones Militares, Altos Hornos Zapla, etc.).

Durante este período también comenzó la migración masiva del campo a la ciudad y de las provincias del norte hacia Buenos Aires y el desarrollo del sector industrial que, en 1943, superaría al sector agropecuario por primera vez en la Historia Argentina.

Dictadura de José Félix Uriburu (1930-1932) Contexto en el cual se produce el golpe de 1930

La crisis económica mundial de 1929 llamada Gran Depresión tuvo un profundo impacto en la Argentina. Afectó primero económicamente ya que el 80% de los ingresos fiscales en Argentina provenían del comercio exterior. La crisis creó una situación de tensión social, con bajas de sueldo, aumento del desempleo; es decir, una contracción de la economía. Y esto generó también, en el plano político, un contexto en el cual se produce el golpe de 1930. La Crisis de 1929 fue un factor que creó una situación de tensión, de malestar sobre la economía, en términos sociales y de preocupación e incertidumbre en los sectores económicos dominantes y esto contribuyó a crear este clima. En América Latina en general hubo una crisis de sistemas democráticos prácticamente en toda la región.

Por otra parte, la enseñanzas sociales de la Iglesia católica de la época estaban basadas en la encíclica Rerum Novarum de 1891, que versaba sobre las condiciones de las clases trabajadoras, dejaba patente su apoyo al derecho laboral de «formar uniones o sindicatos», reafirmaba en su apoyo al derecho de la propiedad privada y discutía sobre las relaciones entre el gobierno, las empresas, los trabajadores y la Iglesia, proponiendo una organización socioeconómica que más tarde se llamaría corporativismo. Recién a partir de 1931 el Papa Pío XI condenó al fascismo y propuso llevar a la práctica los principios de la recta razón y de la filosofía socialcristiana.

Las posturas nacionalistas surgidas por imitación de lo ocurrido en Italia con Benito Mussolini, que apoyaban la implantación de un corporativismo, provocaron la división del Partido Popular y su disolución. Fue entonces cuando los nacionalistas católicos apoyaron al semanario La Nueva República, opositor al gobierno radical de Hipólito Yrigoyen que, en plena Gran Depresión mundial de 1929, fue muy criticado por una serie de intervenciones a provincias por decreto y asesinatos de opositores, entre ellos el del Senador Lencinas, que produjeron el debilitamiento de la democracia​ y desencadenaron el golpe militar dirigido por el general José Félix Uriburu.

El golpe del 6 de septiembre de 1930 y el gobierno militar

El General José Félix Uriburu inició la serie de golpes de Estado en Argentina y dictaduras militares que se extenderían hasta 1983.

En la mañana del 6 de septiembre, Uriburu se puso al frente de las tropas y oficiales del Colegio Militar de la Nación​ y marchó sobre el centro de Buenos Aires. Las tropas a sus órdenes eran apenas 2000 soldados y cadetes, pero a medida que avanzaba se le fueron reuniendo gran cantidad de civiles; no encontró resistencia hasta llegar frente al Congreso, donde un tiroteo dispersó la columna. ​ Acompañado por unos pocos oficiales, siguió camino hasta la Casa Rosada, donde forzó la renuncia del vicepresidente. Yrigoyen huyó a La Plata, donde entregó su renuncia al comandante de un regimiento. Fue arrestado, recluido en la isla Martín García, y su casa fue saqueada.

Uriburu se nombró a sí mismo presidente provisional y lanzó una proclama, redactada por Leopoldo Lugones y corregida por el coronel José María Sarobe. Decretó la disolución del Congreso y asumió el poder legislativo junto al ejecutivo; también decretó la intervención federal de todas las provincias, con dos excepciones: Entre Ríos y San Luis, únicas provincias gobernadas por conservadores. Su gabinete de ministros estaba formado por miembros del viejo Partido Conservador, la mayoría de ellos con experiencia como funcionarios, pero alejados de la función pública desde la asunción de Yrigoyen, hacía catorce años.

Muy pocos fueron los que se opusieron; apenas algunos estudiantes y el decano de la Facultad de Derecho, el socialista Alfredo Palacios, que renunció a su cargo. Por su parte, tanto el disperso Partido Conservador como el Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista Independiente reconocieron de inmediato al dictador.

El expresidente Marcelo T. de Alvear, quien residía en Francia al momento del golpe de Estado, apoyó al mismo en un primer momento, como consecuencia también de la situación que le pintaron sus correligionarios -en mayoría antipersonalistas- en gran parte le nublaron el juicio, al describirle una situación mucho más caótica de lo que realmente era.

La Corte Suprema se negó a rechazar al gobierno provisional ante el pedido de varios dirigentes radicales; por el contrario, el 10 de septiembre firmó una acordada que reconociendo la existencia de "un gobierno de facto, cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y seguridad social". Esta decisión dio origen a la doctrina de los gobiernos de facto.

Gobierno de Uriburu

Uriburu básicamente representó en aquel momento ante todo un nacionalismo católico neocorporativista. Inclusive el proyecto de constitución neocorporativa que tenía Uriburu y sus sectores era un sistema neocorporativo mixto. Querían que hubiera una cámara corporativa, por ejemplo, con representación de sindicatos, empresarios y otra cámara con representación política. Ideológicamente era tributario del nacionalismo católico, que desde los años ’20 venía creciendo en Argentina.

Centenares de dirigentes radicales fueron arrestados, y algunos de ellos enviados a la cárcel de Ushuaia. La dictadura prohibió todo tipo de manifestación pública y decretó la ley marcial para cualquiera que fuera sorprendido incurriendo en cualquier delito, incluso un delito ordinario. También fueron prohibidas las huelgas, que pasaron a ser consideradas delitos graves.

El plan económico del gobierno provisional era, en realidad, continuación del de Yrigoyen; frente a la Depresión, este había decretado la inconvertibilidad del peso. Uriburu decretó el control de cambios, para evitar la salida del oro que aún permanecía en las arcas del estado. Estableció un estricto cuadro de prioridades para el gasto público, con la intención de no entrar en cesación de pagos de la deuda externa. Además debió hacer frente a retrasos de pagos a los empleados públicos en que había incurrido el gobierno, para lo cual se crearon nuevos impuestos a las transacciones, a los réditos y a la nafta, y se aumentaron las tasas de los servicios públicos prestados por el Estado.

El Banco de la Nación Argentina otorgó créditos a los productores de maíz para que retuvieran sus cosechas, ya que la tendencia a venderla cuanto antes deprimía los precios. Todas las obras públicas quedaron congeladas, con la sola excepción de elevadores de granos, que concesionó a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), a la que también favoreció para que compitiera con las empresas exportadoras en la comercialización de granos al exterior; estas medidas evitaron que la caída de los precios –muy importante desde el estallido de la crisis– fuera aún más pronunciada. En cambio no logró obligar a las empresas ferroviarias a bajar las tarifas para el transporte de granos.

Ensayo corporativo

Uriburu juró respetar la Constitución Nacional y la Ley Sáenz Peña, y en su discurso invitó a la población a corregir los "abusos" del yrigoyenismo a través de las urnas. Pero ese discurso se debía al apoyo que había necesitado del sector "liberal" dirigido por Justo y Sarobe. Con el paso de los días, volvió a sus ideales autoritarios y corporativistas en sus discursos y en el nombramiento de autoridades. Aspiraba a reemplazar la Constitución y el sistema democrático por otro, completamente distinto, en que no fuera el voto individual el que decidiera el rumbo político, sino la opinión de corporaciones, en particular las corporaciones patronales y las asociaciones profesionales, entre las cuales los sindicatos eran un actor menor, y que además debía ser sometido a una limpieza ideológica. Los discursos mencionaban continuamente la necesidad de restaurar el orden, la propiedad y las jerarquías. Sin embargo, a diferencia de los fascismos europeos, la derecha argentina consideraba que la clave del sistema político propuesto era el Ejército, y no organizaciones paramilitares.

El dictador propuso la fundación de un Partido Nacional, al que deberían adherirse los demás partidos, aunque estaban excluidos el radicalismo yrigoyenista y posiblemente el Partido Socialista. La invitación fue rechazada por todos, salvo algunos grupos conservadores. Uriburu se había adelantado a convocar a elecciones para gobernador de Buenos Aires, confiando en presentar una candidatura única del Partido Nacional frente a los radicales; cuando su proyecto fracasó, no pudo retractarse.

En el mes de abril, de 1931 se celebraron las elecciones bonaerenses, con un resultado imprevisto: el candidato radical Honorio Pueyrredón obtuvo el triunfo, cuando el gobierno consideraba al radicalismo "fuera de la historia", y aun cuando no realizó campaña electoral, ni apoyo de la prensa. Pese a que en el Colegio Electoral el radicalismo quedó varios votos por detrás y debía negociar con los socialistas para alzarse con la gobernación, el gobierno entró en pánico y la mayoría de los ministros presentó la renuncia. Uriburu reorganizó el gabinete, nombrando ministros del sector "liberal". El 8 de mayo suspendió el llamado al colegio electoral provincial, y nombró gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires a Manuel Ramón Alvarado.

Pocas semanas más tarde estalló una revolución en la provincia de Corrientes, dirigida por el teniente coronel Gregorio Pomar; aunque fue rápidamente reprimida, dio a Uriburu la excusa que buscaba: clausuró todos los locales de la UCR, arrestó a docenas de dirigentes y prohibió a los colegios electorales elegir políticos vinculados directa o indirectamente con Yrigoyen; Pueyrredón había sido ministro de Yrigoyen, lo que significaba que no podía ser elegido, pero además fue expulsado del país junto con Alvear. Además suspendió las elecciones de gobernadores planeadas para las provincias de Córdoba y Santa Fe. En el mes de septiembre llamó a elecciones para el mes de noviembre, y poco después anuló las elecciones en Buenos Aires.

El experimento corporativista había fracasado, pero aun así, horas antes de entregar el gobierno a su sucesor, Uriburu declararía que "el voto secreto es precisamente lo que ha permitido el desenfreno demagógico que hemos padecido."

Gobierno de Agustín Pedro Justo (1932-1938)

El gobierno del General Agustín P. Justo se caracterizó por el fraude electoral, la represión, y los escándalos por los actos de corrupción en favor de las empresas británicas.

Luego del fracaso del ensayo neocorporativista nacionalista católico de José Félix Uriburu gobernó la Argentina una alianza política que se denominó la "Concordancia" que fue una alianza política formada entre el Partido Demócrata Nacional (también conocido simplemente como Partido Conservador), la Unión Cívica Radical Antipersonalista y el Partido Socialista Independiente. Esta alianza gobernó el país entre 1932 y 1943, a través de los presidentes Agustín P. Justo (1932-1938), Roberto M. Ortiz (1938-1940) y Ramón Castillo que debió completar el período por muerte del presidente Ortiz (1940-1943).

Agustín P. Justo asumió como presidente el 20 de febrero de 1932. Además de la convulsión política debida al golpe debió hacer frente a los resultados de la Gran Depresión, que había acabado con el superávit comercial y terminado con las ventajas comparativas del intercambio comercial por el cierre de mercados donde se colocaban los productos exportables del país.

Revoluciones radicales

Durante su mandato, la oposición radical, que había declarado la abstención electoral ante la ilegitimidad del régimen, fue muy marcada. En 1933 se produjeron en Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Misiones alzamientos radicales que se saldaron con más de mil detenidos. Yrigoyen, gravemente enfermo, fue devuelto a Buenos Aires y mantenido bajo arresto domiciliario; moriría el 3 de julio, y su entierro en el cementerio de la Recoleta sería ocasión de una manifestación multitudinaria. En diciembre, en ocasión de la reunión de la convención nacional de la UCR, un alzamiento conjunto de militares y políticos se desató en Santa Fe, Rosario y Paso de los Libres. José Benjamín Ábalos, exministro de Yrigoyen, y el coronel Roberto Bosch fueron detenidos por el alzamiento, y los convencionales y dirigentes del partido encarcelados en Martín García. Alvear, antiguo padrino de Justo, se exiliaría, mientras que otros serían retenidos en el penal de Ushuaia

Pacto Roca-Runciman

El primer ministro de Hacienda de Justo fue Alberto Hueyo; su gestión estuvo marcada por las restricciones a todos los gastos públicos, aunque paralelamente se llevó adelante una política de inversión pública; el área donde las inversiones se hicieron más notables fue el de transportes, donde se creó la Dirección Nacional de Vialidad, a cuyo frente se encontraba el ingeniero Justiniano Allende Posse. La misma, sostenida por un impuesto de dos centavos sobre litro de nafta, construiría la red troncal de rutas nacionales, muchas de las cuales serían pavimentadas.

Invitó a Otto Niemeyer a la Argentina, pero este prefirió pactar con el enviado presidencial, que era el vicepresidente Julio Argentino Pascual Roca. Hueyo se enfrentó con este, que estaba dispuesto a ceder en todo a las pretensiones de Gran Bretaña a cambio de recuperarla como mercado para las exportaciones argentinas. En particular, se opuso a la pretensión británica de controlar el tipo de cambio, ya que este control obligaría a la Argentina a endeudarse. También se opuso a conceder ventajas aduaneras a Gran Bretaña sin contrapartida. La firma del Pacto Roca-Runciman en mayo de 1933 empeoró las relaciones de Hueyo con el resto del gabinete, hasta que este finalmente renunció en el mes de agosto.

Uno de los más controvertidos sucesos del mandato de Justo fue la firma del Pacto Roca-Runciman con Gran Bretaña en 1933. Los británicos habían adoptado, en la conferencia de Ottawa de 1932, medidas tendientes a favorecer la importación procedente de sus colonias y dominios, dañando seriamente a los hacendados argentinos.

El tratado suscitó escándalo, pues el Reino Unido aseguró a la Argentina solo un cupo inferior al de sus dominios, de 390.000 toneladas anuales de carne, a cambio de cuantiosas concesiones para las empresas británicas. El 85% de la exportación debía realizarse a través de frigoríficos británicos, las tarifas de los ferrocarriles operados por el Reino Unido no se regularían, no se fijarían derechos aduaneros sobre el carbón, se daría tratamiento especial a las empresas británicas con inversiones en Argentina y se reducirían los precios de la exportación. No menos problemáticas resultaron las declaraciones del vicepresidente Roca.

La geografía política no siempre logra en nuestros tiempos imponer sus límites territoriales a la actividad de la economía de las naciones. Así ha podido decir un publicista de celosa personalidad que la Argentina, por su interdependencia recíproca es, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio Británico.

Lisandro de la Torre fue llamado el Fiscal de la Patria por haber expuesto la corrupción y los negociados en beneficio de los intereses británicos durante el «debate de las carnes».

El senador por Santa Fe Lisandro de la Torre del Partido Demócrata Progresista fue uno de los principales opositores al tratado y denunció los delitos que bajo su amparo estaban cometiendo las empresas frigoríficas inglesas y el gobierno, llevando a la apertura de una investigación por parte del Senado que le ganó el apodo de "Fiscal de la Patria". La investigación tendría un desenlace trágico el 23 de julio de 1935, cuando el senador demócrata-progresista Enzo Bordabehere, fue asesinado de tres balazos en pleno recinto del Senado por un matón relacionado con el oficialismo, en el intento de asesinar a de la Torre. El hecho ha sido tema de la película Asesinato en el Senado de la Nación.

El pacto Roca-Runciman fue denunciado unilateralmente en 1936 por el Reino Unido; las tratativas para sostenerlo desembocaron en la firma de otro tratado, el Malbrán-Eden, que fijó fuertes aranceles a la importación de carnes argentinas en Gran Bretaña.

Gobierno de Roberto M. Ortiz (1938-1940)

El presidente Roberto M. Ortiz, de la Unión Cívica Radical Antipersonalista, se vio impedido de ejercer la presidencia desde 1940, debido a la diabetes que sufría, muriendo en 1942, antes de finalizar su mandato.

Roberto M. Ortiz fue el primer civil en ocho años en revestir la banda presidencial. Intentó impulsar una serie de reformas que permitieran establecer un régimen democrático, quiso desmantelar el aparato montado por Agustín P. Justo y trató de obtener por todos los medios elecciones limpias para el que lo sucediera. Una de las medidas más controvertidas de su mandato fue la circular secreta antisemita firmada en 1938 por el canciller también radical antipersonalista José María Cantilo, que ordenó "a cónsules argentinos en Europa negar visados a 'indeseables o expulsados', en alusión a ciudadanos judíos de ese continente".​

Poco después de que asumiera como presidente, Ortiz enfermó seriamente de diabetes, enfermedad que luego lo dejaría completamente ciego. En 1940, la incapacidad física de Ortiz le impediría ejercer la presidencia, por lo que pidió licencia y fue reemplazado en la función por el vicepresidente Ramón Castillo, quien finalmente asumiría como presidente en 1942, ante la muerte de Ortiz.

Gobierno de Ramón Castillo (1940-1943)

Ramón Castillo, último gobernante de la Década Infame. Fue derrocado por un golpe militar el 4 de junio de 1943.

Ramón Castillo había sido Gobernador interventor de la provincia de Tucumán durante la gestión de facto de José Félix Uriburu. Debido a la enfermedad de Ortiz, desde 1940 estaba efectivamente a cargo del Poder Ejecutivo.

Continuó la política exterior de su predecesor, manteniendo la neutralidad argentina en la Segunda Guerra Mundial. Creó la Flota Mercante del Estado. Tomó otras medidas de similar corte nacionalista, como la revocación de la concesión del puerto de Rosario, en manos de un operador francés, la nacionalización de la británica Compañía Primitiva de Gas, la creación de la Dirección de Fabricaciones Militares y la apertura de los Altos Hornos Zapla.

Llevó a cabo una política abiertamente autoritaria, disponiendo de las carteras ministeriales con soltura y disolviendo el Consejo Deliberante de Buenos Aires ante las denuncias de corrupción en el mismo.

Golpe militar del 4 de junio de 1943

A partir de que Estados Unidos fuera atacado por Japón en 1941 y obligado a salir de su neutralismo frente a la Segunda Guerra Mundial, la potencia del norte comenzó a presionar duramente a los países latinoamericanos para hacer lo mismo. La oposición entre los partidarios de combatir en la Segunda Guerra Mundial o mantener la neutralidad, se acentuó. Por su parte, el control del Ejército y su apoyo al gobierno se volvió cada vez más precario desde la muerte del general Agustín P. Justo el 11 de enero de 1943.

Como venía sucediendo desde la dictadura del general Uriburu, frente a las elecciones venideras (1943) el presidente Castillo había comenzado a organizar un fraude en gran escala para imponer la fórmula conservadora integrada por Robustiano Patrón Costas y Manuel de Iriondo. Las conocidas inclinaciones aristocráticas y autoritarias de Patrón Costas, así como su posición pública favorable a hacer ingresar a la Argentina a la Segunda Guerra Mundial, movilizaron a sectores de los más diversos orígenes.

El presidente Ramón Castillo había enfrentado varias conspiraciones militares e intentos fallidos de golpe de Estado y en ese momento se estaban produciendo varias conspiraciones cívico-militares (como la del GOU, la que llevaban adelante el radical Ernesto Sanmartino y el general Arturo Rawson, ​ las operaciones que llevaba adelante el radical unionista Emilio Ravignani,​ etc.). Sin embargo el golpe del 4 de junio de 1943 no fue previsto por nadie y se realizó con una gran dosis de improvisación y, a diferencia de todos los golpes que se produjeron en el país, casi sin participación civil.

El hecho concreto que desencadenó el golpe militar fue la renuncia que el presidente Castillo le exigió el 3 de junio a su ministro de Guerra, el general Pedro Pablo Ramírez, por haberse entrevistado el 26 de mayo con un grupo de dirigentes de la Unión Cívica Radical que le ofrecieron la candidatura a presidente en las elecciones que se avecinaban, encabezando la Unión Democrática, una alianza que el ala moderada del radicalismo (los unionistas) estaba tratando por entonces de concretar junto al Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista con apoyo del comunismo.

El golpe se decidió el día anterior en una reunión en Campo de Mayo dirigida por los generales Arturo Rawson y Pedro Ramírez. Tiene interés histórico mencionar que no participaron de esa reunión ni el general Edelmiro Farrell ni el coronel Juan Domingo Perón, quienes serían más adelante los conductores máximos de la Revolución del 43; Farrell porque se excusó de participar del grupo golpista por razones personales cuando fue invitado por el general Rawson, y Perón porque no pudo ser hallado.

Durante esta época, se estiló el uso de la picana eléctrica y la persecución de la oposición, para asesinarlos y posteriormente esconderlos en galpones abandonados donde posteriormente fueron encontrados cientos de cadáveres.

En la madrugada del 4 de junio salió de Campo de Mayo, al noroeste de la Ciudad de Buenos Aires, una fuerza militar de 8.000 soldados encabezada por los líderes del levantamiento: los generales Arturo Rawson y Elbio Anaya, los coroneles Emilio Ramírez y Fortunato Giovannoni y el teniente coronel Tomás A. Ducó. Al llegar a la Escuela de Mecánica de la Armada, en el barrio de Núñez, la columna fue atacada por fuerzas leales atrincheradas allí, resultando del combate 30 muertos y 100 heridos. Rendida la ESMA el presidente Castillo se embarcó en el rastreador Drummond​ con orden de alejarse en dirección a Uruguay, dejando sola la Casa Rosada donde ingresaron los generales Juan Pistarini, Armando Verdagauer, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell, y los almirantes Sabá H. Sueyro y Guisasola, quienes recibieron a la columna rebelde poco después del mediodía, asumiendo el general Arturo Rawson como presidente.

El triunfo de los insurrectos resultó innegable, y Castillo desembarcó al día siguiente en La Plata, donde firmó su renuncia.

Los negociados de la década infame

Autor: Felipe Pigna

El golpe de estado del general José Félix Uriburu, perpetrado el 6 de septiembre de 1930, inauguró un período de trece años en el que ocuparon la presidencia, gracias al fraude electoral, el general Agustín P. Justo, el radical alvearista Roberto Marcelino Ortiz y el conservador Castillo.

Esta etapa de nuestra historia, conocida popularmente como «la década infame», se caracterizó por la ausencia de la participación popular, la persecución a la oposición, la tortura a los detenidos políticos, la creciente dependencia de nuestro país y la proliferación de los negociados.

La intervención del Estado en la economía se limitó durante este período de profunda crisis económica y social, a resguardar con fondos públicos los intereses privados de los grandes grupos económicos, desentendiéndose del hambre, la desocupación y la miseria que soportaban un alto porcentaje de las familias argentinas.

Este manejo discrecional de los presupuestos por parte del gobierno, fomentó la corrupción y los negociados, grandes protagonistas de esta década infame.

La mayoría de los negociados tenían su origen en el gobierno y sus funcionarios.

Uno de los más famosos fue el de las carnes, denunciado en el Congreso, a mediados de 1935 por el demócrata progresista Lisandro de la Torre. El senador santafecino denunció por fraude y evasión impositiva a los frigoríficos Anglo, Armour y Swift. Aportó pruebas que comprometían directamente a dos ministros de Justo: Federico Pinedo, de Economía, y Luis Dahau, de Hacienda, en las que se establecía claramente el trato preferencial que recibían estas empresas que prácticamente no pagaban impuestos y a las que nunca se las inspeccionaba, mientras que los pequeños y medianos frigoríficos nacionales eran abrumados por continuas visitas de inspectores impositivos.

De la Torre, recibió de militantes sindicales del gremio de la carne la información precisa de que en un barco inglés anclado en el puerto, el Norman Star, el frigorífico Anglo ocultaba información contable en cajas de «cornead beef» selladas por el ministerio de Hacienda, lo que probaba sobradamente la complicidad del ministro Dahau y demostraba hasta dónde llegaba la impunidad de los frigoríficos ingleses tras la firma del pacto Roca-Runciman.

Las denuncias hicieron evidentes las conexiones del gobierno con otros negociados. El nivel de las discusiones en el Senado fue subiendo de tono hasta que se decidió hacer callar a De la Torre. Un matón del Partido Conservador, colaborador muy cercano del ministro Dahau, Ramón Valdéz Cora, atentó contra la vida de De la Torre, y mató a su amigo y compañero de bancada Enzo Bordabehere. Se dio por terminado el debate.

Evaluación: El practico debe ser enviado al celular 3814458450 en forma privada